Desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla se han iniciado distintas rondas de contacto con diferentes sectores de la comunidad universitaria para trasladar la situación financiera de la institución. El mensaje que se está lanzando es claro: no hay recursos suficientes para afrontar el pago de las nóminas si no se acometen recortes en otras partidas presupuestarias.
Desde REDUS rechazamos frontalmente cualquier recorte en la Universidad Pública, venga de donde venga. No aceptamos que una situación generada por decisiones políticas neoliberales y por una gestión deficiente se pretenda resolver, una vez más, a costa de las condiciones laborales de la plantilla y del deterioro del servicio público que la universidad presta a la sociedad andaluza.
En primer lugar, denunciamos que la Junta de Andalucía viene sometiendo al sistema universitario público andaluz a una política de asfixia y debilitamiento sostenido, tal y como han señalado los propios rectorados de las universidades públicas [1]. Entre las medidas adoptadas, destaca la limitación del uso de los remanentes de tesorería, recursos ya presupuestados en ejercicios anteriores y fundamentales para sostener inversiones estratégicas y garantizar la estabilidad financiera. La detracción de 135 millones de euros para gastos corrientes no solo ha reducido la financiación plurianual del sistema, sino que ha mermado en un 31,8% su capacidad de respuesta ante contingencias, generando incertidumbre y debilitando su patrimonio.
Pero no estamos solo ante un problema de infrafinanciación. Estamos ante una orientación política clara: favorecer la expansión de la universidad privada mientras se debilita la pública. La rectora parece no ver el problema que supone [2], a pesar del cambio de modelo de sociedad que se está implementando y la desigualdad de oportunidades y exclusión social que fomenta dicho modelo. Los datos evidencian un cambio estructural preocupante: por primera vez, las universidades privadas concentran el 50,3% del alumnado de máster; desde 1998 no se ha creado ninguna universidad pública en España frente a 27 privadas nuevas; y el peso de las matrículas en la privada (31,5%) supera ampliamente al de países de nuestro entorno. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de mercantilización de la educación superior, iniciada con el Plan Bolonia —o incluso antes— orientada a abrir la educación superior al mercado. En Andalucía, esa estrategia se ha reforzado con medidas como la LUPA y la autorización de nuevas universidades privadas, mientras se debilita la financiación y la estabilidad del sistema público. Todo ello apunta a una estrategia que desplaza progresivamente recursos, alumnado y oportunidades hacia el sector privado. La universidad pública no puede seguir siendo tratada como un gasto a contener mientras se abren nuevos nichos de negocio para intereses privados. Detrás del supuesto buenismo de Moreno Bonilla están los recortes a los servicios públicos de todos y todas las andaluzas.
A esta situación se suma una gestión interna deficiente que agrava la crisis y debilita a la institución: la falta de transparencia contable,no habiéndose reunido aún el Rectorado con la representación sindical del PDI para explicar la situación; a la que se suma la ausencia de presupuestos aprobados para 2026 y una gestión poco racional de los recursos públicos están limitando seriamente su capacidad de respuesta. Se percibe por parte de la nueva gerencia una excesiva predisposición a implementar rápidos recortes de plantilla congelando contrataciones y promociones antes que a buscar alternativas de gestión, redistribución equitativa y financiación pública. Esto es especialmente alarmante poniendo de manifiesto una clara línea política.
Por todo ello, desde REDUS nos oponemos a cualquier recorte en la financiación de las universidades públicas y defendemos un aumento de la inversión en el sistema público de educación superior, al menos el 1 % del PIB que marca la LOSU. Asimismo, consideramos imprescindible una gestión responsable, eficiente, equitativa y transparente de los recursos públicos, que priorice las necesidades reales y proteja a los sectores más vulnerables. La Rectora, Carmen Vargas, debe cumplir sus compromisos con los colectivos más vulnerables del PDI recogidos en el programa electoral que le llevó a ganar las elecciones [3]). Exigimos a la Rectora que se dirija públicamente al Gobierno de la Junta de Andalucía, de Juan Manuel Moreno Bonilla, para reclamar la financiación adecuada para la universidad pública y que se niegue a aplicar ningún recorte. La Rectora de la Universidad de Sevilla no puede ser una marioneta del gobierno andaluz para poner en marcha los recortes que éste ordene.
Las dinámicas de recortes solo se frenan si la plantilla está unida y le planta cara.
La educación superior no es un mercado, es un derecho social. Debemos frenar la cadena de recortes con unidad y lucha. Tenemos que salir a la calle a decir basta y ¡NO A LOS RECORTES!
¡La Universidad Pública no se vende, se defiende!